Una ventana para entender el fenómeno pandillas - Estado

Si por el contrario, la realidad ha puesto a las fuerzas del orden aún más cuesta arriba frente al tema pandilleril, es pertinente entender qué llevó al gobierno a descreer de la interlocución con esos grupos. Paso previo es que la administración Bukele aclare si nunca conversó con los líderes de esas organizaciones, si lo hizo o lo hace y si eso formó o no parte de su enfoque de control territorial.

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A partir de lo que se escuchó ayer, en el inicio del antejuicio contra el diputado del Parlamento Centroamericano Norman Quijano, el oficialismo hará todo lo posible para que la nación se entere de las conversaciones que al menos dos partidos políticos y una administración presidencial sostuvieron con las pandillas, así como entienda si hubo o no alguna consecuencia electoral de esos encuentros.

En reiteradas ocasiones, la última de ellas hace algunas semanas a propósito de un repunte de los homicidios que así como comenzó abruptamente terminó tras un mensaje del presidente de la República, se ha manifestado desde esta tribuna la necesidad de transparentar la política de seguridad pública, sus métodos y límites. Por ende, no cabe sino celebrar cualquier insumo que puedan aportar los diversos actores que facilitaron o participaron en la interlocución entre esos grupos y representantes de los partidos políticos o funcionarios del Estado.

Hay en ese ejercicio un beneficio potencial: aunque el propósito de la comisión especial es específico, el de establecer si uno de los funcionarios de elección popular incurrió en el delito de fraude electoral y agrupaciones ilícitas tal cual lo acusa la Fiscalía General de la República, la sucesión de testimonios abrirá a los ciudadanos una ventana para entender desde hace cuánto tiempo en el seno del Estado se ha cultivado la idea de la pacificación.

Puede parecer un despropósito asociar ese concepto con lo que se investiga en la comisión. Aún más paradójico es que esa chance se abra justo cuando los diputados oficialistas pretenden lo contrario: reducir las conversaciones sostenidas entre los líderes de las pandillas y la institucionalidad a lo largo de los últimos años a una conspiración delictiva. El concepto de tregua entre esos grupos, aunque su operación haya sido reconocida malamente y a medias, presupuso en su momento un diagnóstico, evaluación y conclusiones de parte de representantes del Estado. ¿Las condiciones en las que esas organizaciones funcionan, el daño que su vertiente criminal hace a la población, el costo que infringe al erario público, han cambiado?

Si algo de ese escenario varió positivamente, tendría que reflejarse en la aproximación del gobierno pero es justo durante esta administración que el discurso de seguridad pública se ha endurecido y militarizado hasta el punto de llevar al presidente a prometer "un soldado por cada pandillero".

Si por el contrario, la realidad ha puesto a las fuerzas del orden aún más cuesta arriba frente al tema pandilleril, es pertinente entender qué llevó al gobierno a descreer de la interlocución con esos grupos. Paso previo es que la administración Bukele aclare si nunca conversó con los líderes de esas organizaciones, si lo hizo o lo hace y si eso formó o no parte de su enfoque de control territorial.

Todo lo relacionado con esta materia ha sido vedado a los ojos de la nación, sostenido a oscuras de no ser por valientes publicaciones periodísticas. Que a plena luz del día, algunos de los actores de esos procesos se refieran a lo ocurrido, lo describan, lo ponderen o critiquen es tan valioso como el interés inquisidor de algunos de los diputados.

Que no todos participen con ese afán y algunos estén sólo haciéndose ver para alimentar una narrativa artificial es inevitable, y también inevitable es que hagan gala de un tono innecesariamente violento ante la población; eso es lo de menos, lo importante es que los salvadoreños tengan cada vez más verdad a la mano.

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