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Pocas válvulas de legalidad y escape para la conflictividad

Bukele se sirve de la Asamblea Legislativa y con el argumento del resultado electoral destroza la configuración del poder judicial, acomodándolo a sus órdenes. El observador menos apasionado leerá entre líneas que esa falacia, la de equivaler el triunfo legislativo y municipal de Nuevas Ideas a un referendo que le dio al presidente un cheque en blanco, puede ser usada en futuras coyunturas, incluso para proceder contra la misma Constitución de la República.

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La arremetida del gobierno de GANA y Nuevas Ideas contra el orden democrático en El Salvador, de la cual la comunidad internacional ya no tiene ninguna duda, lo enfrentará eventualmente con la sociedad civil y con la población pero por razones distintas.

Contra la sociedad civil, Bukele ya está crispado y no precisamente por la agresión contra el poder judicial sino desde los primeros días de su mandato. El presidente ha tenido encontronazos con académicos, defensores de derechos humanos y representantes de diversas corrientes de pensamiento, acusándoles en todos los casos de responder órdenes de sus adversarios políticos, ridiculizándolos o cuestionando sus críticas y reivindicaciones. Es sorprendente cómo el presidente se ha obcecado en ese sentido, el de romper con todos los puentes de entendimiento con las expresiones independientes de la nación y no reconocer sino aquello que pueda controlar.

El desvelo autoritario de la facción en el poder es tal que, o conquista o desconoce. Si no es cultura oficial, no reconocerá como cultura ninguna expresión artística ni contestataria; si no es oficial, no reconocerá ninguna reivindicación por la libertad de prensa y otros derechos constitucionales; la única área de albedrío ciudadano que todavía merodea sin proceder agresivamente invadiéndola o fustigándola es la religiosa.

Desde un principio, esa pretensión era peligrosa. Detrás suyo hay una abrumadora incomprensión de cómo funciona una sociedad democrática, del rol de la opinión pública y una megalomaníaca obsesión de control. El gobierno pretende tener su periodismo, sus analistas políticos, sus contralores y hasta sus relatores de derechos humanos cuando la función y razón de ser de todos esos quehaceres, oficios y profesiones es precisamente auscultar al poder, no servirle. En manos del gobierno, los periodistas son propagandistas, los analistas políticos son publicistas y los contralores son amanuenses de la corrupción.

Esa simulación de vida democrática sube ahora una grada más peligrosa, inconcebible: destruir el Estado de derecho para luego recrearlo pegando unos cuantos pedazos. Para hacerlo, Bukele se sirve de la Asamblea Legislativa y con el argumento del resultado electoral destroza la configuración del poder judicial, acomodándolo a sus órdenes. El observador menos apasionado leerá entre líneas que esa falacia, la de equivaler el triunfo legislativo y municipal de Nuevas Ideas a un referendo que le dio al presidente un cheque en blanco, puede ser usada en futuras coyunturas, incluso para proceder contra la misma Constitución de la República.

Llegado el momento, ¿alguien se plantará contra el oficialismo y el desmantelamiento constitucional que Bukele protagoniza? Hoy más que nunca está claro que el gabinete no incluye demócratas y que ninguno en esa estructura está dispuesto a abandonar la comodidad de su posición aunque se proceda de modo infame.

La respuesta entonces está en la sociedad civil, que se aproxima irremediablemente a un encontronazo con la retórica de odio del oficialismo.

Más fuerte será el choque entre la población y la administración. Hay pocos ingredientes para afirmarlo en este momento a la luz de la indiferencia e incomprensión que la mayoría de ciudadanos tienen respecto de los últimos hechos. Pero toda vez que este agravio a la República se traduzca en sanciones, pérdida de valores y de atractivo de inversiones, las consecuencias impactarán en la vida cotidiana. Y cuando la expectativa se haya caído, cuando el autoritarismo comience a colarse por las rendijas de barrios y colonias, cuando el Estado vuelva a retraerse de la zona rural y de zonas urbanas de renta baja adonde en el último año llevó comida y cheques, ahí advendrá la desilusión. Sin válvulas de escape, exceptuando la que la sociedad civil mantenga viva en los próximos meses, la efervescencia social será entonces el principal problema del régimen.

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