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Persiguen al beneficiario, no a la práctica legislativa

Es del conocimiento público que una asociación fundada y dirigida por la esposa del diputado Guillermo Gallegos recibió hace algunos años 350 mil dólares siguiendo estos procedimientos. Si bien la divulgación del caso merced al periodismo independiente y a la apertura de expediente en el Tribunal de Ética Gubernamental forzó la devolución del dinero, la ligereza con la que los diputados procedieron en ese caso fue alarmante.

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La comisión legislativa que han dado por bautizar como "antifachada" promete convertirse en un show chabacano. Pero los dimes y diretes de baja ralea con los que los diputados de ayer y hoy se vulgarizan son una inoportuna distracción de un tema que merece debate ciudadano amplio: la contaminación político partidaria en varios órdenes de la vida nacional.

A partir de las dos primeras entrevistas a exdiputadas con muchos años de servicio público, queda claro que tanto ARENA como el FMLN consideraron válido diseñar el presupuesto general de la nación y su uso no sólo como un instrumento técnico y político sino en función de lo que consideraban "visión de diversidad en temas de interés", según lo describió Lorena Peña.

Aunque lo que subyace en la discusión de esa comisión es si algún funcionario se enriqueció ilegalmente a través del subsidio a instituciones, fundaciones o asociaciones no gubernamentales, no está de más dilucidar si en este particular las competencias de la Asamblea Legislativa deberían constreñirse en el futuro.

La Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y la Ley de Fundaciones y Asociaciones sin Fines de Lucro amparan al menos funcionalmente lo actuado por los exparlamentarios pese a los conflictos de interés y a las controversias éticas que de a poco se irán revelando; pero la cuestión de fondo es si en un país con los problemas de transparencia y rendición de cuentas como El Salvador cabe tal discrecionalidad en la administración de los dineros públicos y si eso abona a la democracia y al fortalecimiento de la sociedad civil.

En su narrativa, los voceros de las fuerzas políticas que han tenido participación en la comisión de hacienda en los últimos años sostendrán que el goteo de dólares invertido en fundaciones y asociaciones fue con fines filantrópicos y para abonar a la democracia a partir de la construcción de una agenda social más heterogénea. Pero ¿qué garantías tuvo la nación de que con esas decisiones no se benefició a los financistas de los propios diputados o de sus institutos partidarios, o a los cabilderos de los grupos de presión que rodean al parlamento, o a sus propios cuadros? ¿Qué reglamento prohíbe beneficiar colateralmente a familiares y correligionarios con la beneficencia y la reivindicación de causas de su interés como caballo de Troya?

Es del conocimiento público que una asociación fundada y dirigida por la esposa del diputado Guillermo Gallegos recibió hace algunos años 350 mil dólares siguiendo estos procedimientos. Si bien la divulgación del caso merced al periodismo independiente y a la apertura de expediente en el Tribunal de Ética Gubernamental forzó la devolución del dinero, la ligereza con la que los diputados procedieron en ese caso fue alarmante.

Igual de discutible es el concepto de que los parlamentarios pueden y deben tomar dinero de los contribuyentes para apoyar aquellas iniciativas que construyen ciudadanía y fortalecen lo que sea que ellos consideren como sociedad civil. Es que con elecciones cada tres años, la incapacidad de hacer trabajo territorial sino en los periodos de campaña y el hábito de reclutar lealtades a partir de lo transaccional, cuesta creer que esa base no gubernamental beneficiada sea ajena al partido político del diputado que hace las veces de padrino.

Así pues, ya sea porque se presta para el enriquecimiento de los funcionarios, para la devolución de favores a financistas, lobistas y terceros interesados, o porque es el modo de cultivar lealtades de cara a sucesivos eventos electorales, la idea de que los diputados determinen con el debate político puro y duro cuánto y a qué fundaciones o asociaciones le entregan dineros del público es poco recomendable.

Sin embargo, lo que se ha visto al inicio de este proceso groseramente parecido a un juicio sumario no es un cuestionamiento acerca del método sino sólo de los protagonistas, mala señal para el futuro de la transparencia.

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