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Linchar y hacer justicia nunca serán lo mismo

La justicia aplicada de este modo insidioso mordió más veces los pies de los salvadoreños descalzos que los de ningunos otros, como dijera Monseñor Romero en 1978. Pero finalmente, su prédica y la de otros grandes críticos de la desigualdad en El Salvador alude a la naturalización y estandarización del irrespeto a los derechos humanos como procedimiento de Estado.

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La Prensa Gráfica

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Monseñor Gregorio Rosa Chávez sostuvo ayer, en referencia al caso que se sigue contra el exalcalde capitalino Ernesto Muyshondt por la comisión de tres posibles delitos, que desde el Estado ha habido "un ensañamiento", lo más parecido a "un linchamiento".

Además de referirse a la inveterada costumbre de tratar a los imputados como convictos, el jerarca apuntó a una situación aún más delicada: que no importando que el proceso en su contra está comenzando, varios funcionarios se han referido a él criminalizándolo. Rosa entiende que esto ocurre por la calidad del exedil de opositor al régimen, y sostiene en consecuencia que desde el oficialismo "hay que cambiar la manera de expresarse hacia las personas que no piensan como uno". El presidente de la República es uno de esos servidores públicos que ya catalogó a Muyshondt como "criminal", en su intervención de hace algunos días, anunciando el rompimiento con la Comisión Internacional contra la Impunidad.

Todos los ciudadanos sin mediar condición deben gozar de las mismas garantías procesales; si el Estado no respeta este principio a través de todo su ordenamiento jurídico, compromete el proceso jurisdiccional mismo toda vez que no está tutelando los derechos ni intereses que le dan sentido.

Así, la versión de justicia a lo Robespierre que algunos voceros del oficialismo quieren romantizar a través de incendiarias filípicas no es sólo vileza sino torpeza. La justicia que daña irreparablemente las garantías del procesado es indecente con independencia de contra quien se ejerce; defender la noción del Derecho como músculo al servicio de una vendetta política es igual de lesiva para la nación que aquella otra en la que la pobreza es criminalizada y sus efectos son perseguidos penalmente. Y en la historia moderna de El Salvador, hubo y hay mucho de la una y de la otra.

Por supuesto, la justicia aplicada de este modo insidioso mordió más veces los pies de los salvadoreños descalzos que los de ningunos otros, como dijera Monseñor Romero en 1978. Pero finalmente, su prédica y la de otros grandes críticos de la desigualdad en El Salvador alude a la naturalización y estandarización del irrespeto a los derechos humanos como procedimiento de Estado.

La figura del exalcalde capitalino se volvió controversial en los últimos dos años, y alrededor de sus decisiones en el campo político ya había una línea bastante crítica antes de que se le acusara formalmente de una serie de delitos que incluyen agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Ese perfil polémico así como el temor de ser objeto de represalias de parte de los varios enemigos de Muyshondt en el gabinete se ha traducido en un velo de silencio respecto del trato que ha recibido.

Pero la ciudadanía no debe caer en el facilismo de simplificar este y ningún otro caso judicial sin que se consume el debido proceso. Y que en este caso la sociedad prefiera creer en la culpabilidad de los imputados antes que cuestionar el linchamiento y el abuso de su posición de parte del presidente y de alguno de sus ministros es suficiente materia para la reflexión nacional.

Todos los ciudadanos debemos ser iguales ante la ley. Si la certeza de que en un proceso ante la justicia, un salvadoreño será tratado con dignidad y garantías procesales y no con humillación y saña depende de sus afiliaciones políticas, entonces no hay certeza alguna.

Y si el exedil está siendo procesado estrictamente por los presuntos delitos cometidos y no por su posicionamiento partidario, entonces ¿a qué vienen la exhibición y el regodeo de los voceros de Bukele?

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