Editorial | La distracción de los ciudadanos favorece la corrupción

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La CICIES nació como le convenía al presidente, con más lengua que dientes, un proyecto que en un momento Bukele pareció tener controlado plenamente hasta que la pandemia alteró el panorama. Entonces, los auditores y técnicos de la organización se aplicaron a lo único que había, que era el manejo de los fondos para el combate al virus. Y los hallazgos que realizaron en varias carteras de Estado fueron tales que el destituido fiscal general ordenó allanar el Ministerio de Salud, el de Agricultura y el de Hacienda.

Fuentes cercanas sostienen que esas pesquisas perseguían documentar un potencial caso de negociaciones ilícitas por más de 150 millones de dólares. Cuando el juguete y la propaganda asociadas dejaron de ser divertidas y se volvieron una preocupación, el presidente a través de sus amanuenses en el Salón Azul procedió contra el fiscal, y además contra los únicos que podían proceder ante la violación de los procedimientos de ley cometidos en la primera plenaria: los magistrados constitucionales.

Como puntilla final, el profesional que ahora detenta el cargo de fiscal general sostuvo recién que no se dejará "estorbar ni presionar" por la Comisión contra la Impunidad. Y además, destituyó al jefe de la Unidad Anticorrupción y contra la Impunidad del Ministerio Público, que perseguía esos casos.

Para ser un país con tal historial de corrupción, con un presidente muerto en arresto domiciliario, otro preso y otro prófugo de la justicia, es singular que la inmunidad que los diputados oficialistas le recetaron a varios ministros e incluso a algunos de los mismos miembros de la bancada por sus negocios durante la pandemia no haya generado mayores reacciones.

Es difícil explicar esta mezcla de distracción y apatía fiscalizadora de la población; a falta de más argumentos, parece ser otro caso de éxito de la máquina propagandística del gobierno de GANA y Nuevas Ideas. La inducción al olvido al que han llevado a la mayoría de ciudadanos es brutal.

Olvido porque luego de hacer del combate a la corrupción uno de sus ejes narrativos siendo candidato, y de garantizarle a la ciudadanía que cuidarían hasta el último céntimo de los fondos que la Asamblea Legislativa saliente les aprobase para el combate contra la pandemia, Bukele le ordenó a sus pasapapeles inmunizar a los funcionarios involucrados en irregularidades de las compras de insumos médicos con un decreto que tiene ilegal carácter retroactivo.

Pese a que su ministro de Salud, al menos un pariente de este y otros funcionarios de mediano rango se han visto involucrados en contratos y compras en el marco de la crisis sanitaria y a todos los indicios de corrupción que expertos nacionales e internacionales atisban en estos procedimientos, Bukele no sólo ha callado sino que le ha girado hacia abajo el pulgar a su otro gran proyecto contralor: la pretenciosa y neutralizada Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES).

La CICIES nació como le convenía al presidente, con más lengua que dientes, un proyecto que en un momento Bukele pareció tener controlado plenamente hasta que la pandemia alteró el panorama. Entonces, los auditores y técnicos de la organización se aplicaron a lo único que había, que era el manejo de los fondos para el combate al virus. Y los hallazgos que realizaron en varias carteras de Estado fueron tales que el destituido fiscal general ordenó allanar el Ministerio de Salud, el de Agricultura y el de Hacienda. Fuentes cercanas sostienen que esas pesquisas perseguían documentar un potencial caso de negociaciones ilícitas por más de 150 millones de dólares.

Cuando el juguete y la propaganda asociados dejaron de ser divertidos y se volvieron una preocupación, el presidente a través de sus amanuenses en el Salón Azul procedió contra el fiscal, y además contra los únicos que podían proceder ante la violación de los procedimientos de ley cometidos en la primera plenaria: los magistrados constitucionales.

Como puntilla final, el profesional que ahora detenta el cargo de fiscal general sostuvo recién que no se dejará "estorbar ni presionar" por la Comisión contra la Impunidad. Y además, destituyó al jefe de la Unidad Anticorrupción y contra la Impunidad del Ministerio Público, que perseguía esos casos.

Es un guion fácil de leer, el desmantelamiento de una investigación y la protección de los funcionarios que pudieron haber defraudado al erario público con las millonarias compras de la pandemia. La opacidad es brutal, a ciencia y paciencia de la mayor parte de la contraloría salvadoreña.

¿Qué fue de la indignación y el hastío ciudadano expresado en las urnas en las últimas dos elecciones? Ante el cambio de discurso y la dirección equivocada que están tomando Ejecutivo y legisladores de cara a la transparencia, ¿por qué la nación guarda mayoritario silencio?

Ninguna respuesta exime a los sectores más conscientes e influyentes que también guardan silencio, ni su compromiso de llevar luz a las grandes mayorías todavía entretenidas con el sonido del cascabel.

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