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La deuda histórica que el presidente quiere ignorar

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Edwin Segura - Jefe de LPG Datos

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El aniversario número 30 de la firma de los Acuerdos de Paz encuentra a El Salvador con un gobierno que ha decidido restarle valor a uno de los hitos más importantes de nuestra historia, y con ello ignorar una de las deudas históricas más urgentes en el país: la democratización plena del país.

Es muy importante, no cabe duda, que el país haya logrado concluir una guerra civil por la vía negociada. Ahora se dice fácil, pero en 1992, eso parecía imposible. En el papel y desde su nacimiento, El Salvador siempre había sido una república democrática, pero en la práctica se llegaba al poder por la fuerza o mediante elecciones amañadas. Y lo peor: el poder político se había ejercido de manera autoritaria y violenta.

La guerra civil, más allá de todas las causas que la explican, era la expresión más reciente, más grave y prolongada del descontento de una parte de la población que no encontraba los canales adecuados para expresarse, participar del ejercicio del poder y realizar cambios por la vía pacífica.

El acuerdo, patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pretendía terminar con el conflicto armado por la vía política, impulsar la democratización del país, lograr el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña.

La democratización del país, tal y como se entendió en el acuerdo, pasaba por incorporar a los alzados en armas a la vida política, y reformar la estructura del Estado para establecer un Órgano Judicial y un Ministerio Público independientes.

Los primeros años, por obvias razones, fueron los más complicados. El FMLN debía desarmarse por completo y convertirse en un partido político, mientras que la Fuerza Armada debía reducir su tamaño, depurarse de sus malos elementos, dejar de controlar la seguridad pública y dejar de interferir en los asuntos políticos del país.

En 1997, el acuerdo parecía ya irreversible y, a la vuelta de una década, la ONU estaba lista para dar por cumplidos los Acuerdos de Paz. Esto supuso dejar por completo en manos de los salvadoreños las tareas pendientes como la atención a la víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, la profundización de la democracia, y la construcción de una sociedad más segura y próspera.

La Comisión de la Verdad, la cual nació de los Acuerdos de Paz, dejó un informe, cuyo contenido debió ser una hoja de ruta para que la nueva clase política hiciera las cosas de manera diferente. Las recomendaciones fueron varias, pero basadas en cuatro principios, que vale la pena enumerar:

Primero: la democracia, que deja las decisiones fundamentales sobre el destino de la sociedad en manos del pueblo y privilegia el diálogo y la negociación.

Segundo: la participación, que integra a las minorías con la mayoría y alienta la solidaridad y el respeto entre las personas.

Tercero: el Estado de Derecho, donde la supremacía y el respeto de las leyes es la base de una cultura que garantiza la igualdad.

Cuarto: el respeto a los derechos humanos, que son la razón de ser de los principios anteriores.

Los redactores del informe tenían claro que terminar una guerra por la vía pacífica era un enorme desafío, pero democratizar plenamente una sociedad era un reto aún más grande. La nueva clase política no hizo propio este reto y terminó sintiéndose cómoda con entender la democracia como un mero proceso electoral para llegar al poder y que, una vez ahí, este se podía ejercer sin mayores límites ni responsabilidades.

En 2007, luego de 15 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el 76.5 % de los salvadoreños decía que desconocía su contenido. Las dificultades económicas y el creciente ambiente de inseguridad, además, fueron provocando que poco a poco la palabra paz resultara chocante, sobre todo en boca de quienes la pronuncian desde la tranquilidad de sus cargos públicos.

En las celebraciones de los aniversarios se hablaba de paz y diálogo pero, en el día a día, el país vivía una constante polarización política, que se exacerbaba en cada elección. El país se acostumbró a ver que se llega al poder por la vía electoral, pero su ejercicio siguió teniendo resabios autoritarios y poca efectividad para resolver los problemas del país.

El nuevo ambiente democrático, eso sí, permitió que la sociedad civil y la prensa comenzaran a hacer un trabajo más fiscalizador de los políticos, exigiéndoles más apertura, más democracia interna, más transparencia y más rendición de cuentas. Es así como en 2010 se aprueba la Ley de Acceso a la Información Pública y en 2013, la Ley de Partidos Políticos. La primera, sobre todo, ha sido una herramienta clave para revelar el mal manejo de fondos públicos durante los gobiernos de ARENA y del FMLN.

A la vuelta de 30 años, el país está gobernado por un presidente que ha utilizado la vía electoral para llegar al poder pero que lo ejerce de forma más autoritaria que sus antecesores. Este gobernante no quiere que se hable de los Acuerdos de Paz, ya que le urge ignorar que aún hay una deuda histórica: entender la democracia no solo como un mecanismo de elección sino como una forma de ejercer el poder.

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