Enfrentar la inseguridad alimentaria en Centroamérica y Haití

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Anna Ricoy - Oficial de Riesgos y Desastres de la FAO para América Latina y el Caribe

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Un año después de que el covid-19 se extendió por todo el mundo, el Informe Global sobre Crisis Alimentarias confirma proyecciones complejas.

Las medidas de contención de la pandemia, sumadas a factores preexistentes de fragilidad y a los impactos del cambio climático, han hecho que 155 millones de personas en 55 países sufran inseguridad alimentaria aguda; un nivel sin precedentes.

Según este informe, en El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua, existen 11.8 millones de personas en estado de crisis o peor, es decir, en fase 3 o superior de la clasificación integrada de la seguridad alimentaria (IPC), un aumento considerable desde 2019, cuando esta cifra era de 8.1 millones.

De los cinco países, tres de ellos están clasificados como crisis alimentarias graves: Haití, Guatemala y Honduras, y para 2021, se esperan niveles de inseguridad alimentaria aguda atípicamente altos en Haití, Guatemala, Honduras, El Salvador y probablemente Nicaragua.

En El Salvador, alrededor de 684 mil personas estaban en crisis o peor (IPC Fase 3 o superior), de las cuales 95 mil estaban en Emergencia (IPC Fase 4) en noviembre de 2020-febrero de 2021 (IPC, diciembre de 2020).

El informe señala que la causa de esta situación se halla en los graves fenómenos meteorológicos de finales de 2020 que afectaron a más de 8 millones de personas en toda América Central, impactando en zonas con inseguridad alimentaria que ya habían experimentado varios años de sequía, así como la reducción de los ingresos debido a las restricciones del covid-19.

Las repercusiones económicas de la pandemia aumentaron las vulnerabilidades preexistentes, precipitando una importante crisis económica y del mercado laboral: más de tres cuartas partes de los hogares analizados del Corredor Seco informaron una reducción de sus ingresos durante octubre-diciembre de 2020, debido a la pérdida de empleo y a la baja rentabilidad de las actividades comerciales informales.

Abordar las causas profundas de las crisis alimentarias actuales y prevenir requiere una transformación de los sistemas agroalimentarios hacia una mayor inclusividad, resiliencia y sostenibilidad.

Junto a la voluntad política del más alto nivel, incluyendo acción coordinada y coherente entre actores humanitarios y del desarrollo –acompañado de inversión en el mediano y largo plazo–, se necesitan esfuerzos conjuntos entre gobiernos, organismos internacionales, y de otras entidades de cooperación internacional y la sociedad civil.

También debemos avanzar en acciones preventivas ante las amenazas; algo crucial para proteger los medios de vida y la seguridad alimentaria.

A nivel de política pública, debemos garantizar la disponibilidad de alimentos, el acceso económico a los alimentos, y estimular la inversión y empleo a través de la activación del capital social de los territorios.

La pandemia debe llevarnos a repensar las funciones de los sistemas alimentarios locales, reconociendo la creciente presión que ejercen el cambio climático, la degradación ambiental, los conflictos, el desplazamiento de la población y los cambios demográficos sobre los medios de vida agropecuarios.

Porque un sistema en el que los más vulnerables siguen cargando el peso de las crisis mundiales es un sistema quebrado.

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