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En Argentina expropiaron los fondos de pensiones en 2008

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Luis Membreño - Economista

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La reforma de pensiones que creó el sistema privado de pensiones administrado por las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensiones (AFJP) fue aprobada en 1994 por ambas Cámaras del Congreso argentino. El sistema fue exitoso ya que en los 14 años que duró acumuló $31,000 millones equivalente al 12 % del PIB de aquel entonces. En 2008, en momentos de la gran crisis financiera internacional, se argumentó que el sistema tenía problemas por la fuerte caída del valor de las inversiones, lo cual había sido causado en gran parte por la caída de los bonos argentinos, y por ello el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó el sistema. (La expresión correcta no es nacionalizar sino estatizar, porque pasa al control del Estado y no de la nación).

Desde 1994 hasta 2008 en Argentina funcionaron simultáneamente un sistema de reparto administrado por el gobierno y un sistema de capitalización individual administrado por las AFJP. Al inicio el 60 % de los cotizantes prefirió pasar del sistema administrado por el gobierno al sistema privado y solo el 40 % de los cotizantes se quedó en el sistema de reparto. Para 2004 el 80 % estaba en el sistema privado y solo el 20 % permanecía en el sistema estatal. En 2005 el gobierno tomó una serie de medidas para incentivar que las personas se pasaran al sistema estatal, pero para 2007 solo el menos del 10 % había regresado al sistema estatal.

En vista del fracaso del gobierno para incentivar a los cotizantes a pasar voluntariamente del sistema privado al estatal, el gobierno tomó la decisión de expropiar los fondos a todos los cotizantes del sistema privado y se llevó los $31,000 millones al Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS). El FGS es una institución pública, administrada exclusivamente por funcionarios de gobierno, y desde entonces politizaron totalmente el destino de las inversiones de los fondos de pensiones, privilegiando los intereses políticos de los gobernantes de turno.

Las razones que llevaron a la nacionalización de las pensiones fueron eminentemente fiscales y políticas. Las fiscales fueron por el alto nivel de deuda pública que tenían las AFJP, la cual podían eliminar al expropiar los fondos de pensiones, el alto déficit fiscal, y la politización de las inversiones, dándoles posiciones en las directivas de empresas privadas importantes a las personas designadas por el gobierno. Los resultados han sido muy negativos, la rentabilidad de los fondos de pensiones bajó a 1.5 % en términos reales (descontando la inflación), las tasas de reemplazo (el porcentaje de lo que se paga de los últimos salarios) bajó de un promedio de 38 % a 35 %. Al final los trabajadores perdieron sus ahorros y solo los políticos de turno ganaron.

La pregunta que nos hacemos sobre la reforma de pensiones que se anunciará la próxima semana en nuestro país es: ¿Va a ser como la reforma argentina de 1994 que puso a competir al sistema de capitalización de reparto estatal con el de capitalización individual o será como la re-reforma de 2008 de una estatización total del sistema de pensiones? Se escucha que quieren llevarse a los empleados públicos al INPEP y que las AFP administren los fondos de pensiones en nombre del gobierno. Es decir que el gobierno tendrá el control de los fondos de pensiones y le pagará a las AFP para que administren la relación con los trabajadores cotizantes.

Esto sería un esquema mixto entre el esquema de la reforma argentina de 1994 y de la re-reforma de 2008. El gobierno salvadoreño expropiaría todos los fondos, los administraría en un ente gubernamental que podrían llamarle Cuenta de Garantía Solidaria (CGS) y pondría a competir al INPEP con ciertas condiciones ventajosas para las personas que se afilien al sistema de reparto gubernamental con la AFP, las cuales seguirían operando un sistema de capitalización individual en nombre del gobierno, con menos beneficios que el sistema de reparto.

El objetivo inmediato del gobierno sería el hacerse de los activos (dinero e inversiones) que hoy administran las AFP, eliminar la deuda del gobierno con los trabajadores, ofrecería mejores condiciones a los que se pasen al INPEP y le haría creer a los trabajadores que siguen manteniendo una cuenta individual en las AFP. En poco tiempo, unos cuantos años, podrían dar el paso completo llevándose a todos los trabajadores a un sistema de reparto, pero desde el momento de la re-reforma, ya tendrían la posesión de los fondos e inversiones que administran las AFP y habrían expropiado a los trabajadores. ¡Pronto sabremos qué pretenden!

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