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Bukele arranca con su campaña contra la Carta Magna de 1983

Hace dos años, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales conoció una iniciativa similar para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal. Lo que se pretendía tanto entonces como ahora es que soborno, prevaricato, simulación de influencia, peculado, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio e impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias puedan ser perseguidos sin importar el tiempo transcurrido.

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Ayer, el presidente de la República anunció su propuesta de ley de que los delitos de corrupción no prescriban nunca. La inspiración, los alcances que se persiguen y la viabilidad jurídica de esta idea no deben ser tomados a la ligera.

Hace dos años, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales conoció una iniciativa similar para reformar el artículo 32 del Código Procesal Penal. Lo que se pretendía tanto entonces como ahora es que soborno, prevaricato, simulación de influencia, peculado, negociaciones ilícitas, exacción, cohecho propio e impropio, malversación, enriquecimiento ilícito, cohecho activo, soborno transnacional y tráfico de influencias puedan ser perseguidos sin importar el tiempo transcurrido.

Para decirlo rápido, jurídicamente esto no es posible. Según el artículo 21 de la Constitución de la República "las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materia de orden público y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente". Es imposible que Bukele y que sus asesores jurídicos no lo sepan. ¿Entonces?

Lo que se intuye desde esta tribuna es una construcción discursiva relacionada con la reforma constitucional. Toda vez que ni los magistrados impuestos por el mandatario pueden acuerpar la propuesta, mucho menos la Sala de lo Constitucional confeccionada ex profeso para el oficialismo, comenzarán a escucharse voces "independientes" que subrayen la necesidad de un nuevo articulado "para reparar la deuda histórica", etcétera.

Así funciona el negocio de los revisionistas constitucionalistas a sueldo, es un mercado que va siempre de la mano con los pirómanos de la propaganda, como lo demostró una y otra vez Hugo Chávez; para garantizar el éxito de eventuales referendos, al oficialismo no le basta gozar del aparato del Estado para hacer campaña, sino que comienza antes que cualquiera en franco embate de la opinión pública. Y en esa línea, es válido considerar que la campaña de Bukele para reformar la Constitución comienza oficialmente con este amago predeciblemente frustrado contra la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

Tampoco debe ser materia de sorpresa que el primer ariete contra la versión 1983 de la Carta Magna sea un clamor a favor de la transparencia y la defensa del erario público. Igual ocurrió en otros países: en 1999, la ola reformista chavista estableció en la Constitución Bolivariana que había un nuevo poder del Estado, el poder ciudadano, traducido en un Consejo Moral Republicano que integra a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a la Contraloría General. En Ecuador, ya se vivió este mismo cuento y en 1998 se estableció que las acciones y las penas correspondientes a peculado, cohecho y enriquecimiento ilícito fueran imprescriptibles, e incluso que los juicios se iniciasen y continuasen aun en ausencia de los acusados, en franca contravención del derecho de defensa.

Así se arma el desmantelamiento del orden constitucional: con una declaración popular e inviable sobre la cual el aparato ideológico del Estado establece su construcción discursiva. En algún momento de este proceso, Bukele hablará de que la Carta Magna vigente es un corsé, una camisa de fuerza que impide alcanzar las cotas de justicia y desarrollo que el pueblo del cual es representante merece. Pero aprovechando la coyuntura de los sobresueldos y valiéndose de la larga tradición de ilegalidad y deshonestidad en el desempeño público de la que areneros y efemelenistas hicieron gala, ha estimado que la lucha irrestricta contra la corrupción es la almágana correcta para arremeter contra el diseño de 1983.

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