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Ante los abusos, sólo queda la trinchera de la sociedad civil

La única trinchera desde la cual los ciudadanos pueden y deben plantarse ante los abusos, exigiendo respeto al debido proceso y que el combate a la corrupción no sea instrumentalizado propagandísticamente, es la de una ciudadanía activa, pujante y valiente, que se traduzca en acción de la sociedad civil.

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La reflexión sobre la función pública, la responsabilidad de los funcionarios con la transparencia y la gobernanza, la separación de poderes y la independencia judicial respecto del Ejecutivo nunca pierde actualidad. Cuando el Estado de derecho pasa por un trance tan amargo como este en El Salvador, esas cavilaciones son imperativas, urgentes, necesarias.

Ayer, varios exfuncionarios de las administraciones del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional fueron detenidos por la Policía Nacional Civil. A la incertidumbre inicial siguió una conferencia del Gabinete de Seguridad en la cual se les acusó de enriquecerse a través de sobresueldos.

A diferencia de las reticencias acerca de si las acusaciones del ministerio público tendrían suficiente fuerza probatoria, características ante los sucesivos casos de corrupción de la última década, ahora la pregunta es qué garantías de debido proceso recibirán los indiciados.

La pregunta no tiene que ver con la pertenencia partidaria de los detenidos sino con las seguridades que asisten a la nación ante los posibles abusos característicos del autoritarismo al que El Salvador se encamina aceleradamente. La misma amargura con la que algunos ciudadanos se quejan y documentan excesos de parte de malos agentes policiales en la vida diaria fue expresada ayer por diversos actores de la vida nacional, al considerar improbable que los reos gocen de todas las garantías procesales. El abogado de una de las indiciadas confirmaba que al momento de la detención, a su representada ni siquiera se le informó de los cargos que se le imputan.

En el corazón de esta situación, verdadero motor de la zozobra que el país comienza a respirar, se encuentra el discurso de odio impulsado desde Casa Presidencial. La única manera en la que la autoridad puede concluir que hay ciudadanos de segunda categoría cuyos derechos por ende también son de menor calidad es cuando desde la máxima administración del Estado se cultiva la mentira de esa diferencia.

Arrogándose una vocería del pueblo artificial y maliciosa, el jefe del Ejecutivo convirtió su ruptura personal con la partidocracia más tradicional en una suerte de guerra santa en nombre de la nación, y esa narrativa infantiloide es ahora la excusa para descargar todo el autoritarismo posible contra esos dos pararrayos de su discurso crispado y matón.

Con un Gabinete de Seguridad de hábitos tan opacos y una Corte Suprema de Justicia a su medida, Bukele goza de un mazo que administra a voluntad. El ministerio público no tendría que obrar a dedo del presidente de la república sino gozar de voluntad, inercia y mandato propio, y lo mismo aplica para el órgano judicial pero la simplificación ya se ha consumado. De ahí que ahora el Ejecutivo no sólo influya en el orden en que sucedan las cosas, sino en el tono, el modo en que se comunica y en lo que esos funcionarios comunican.

La única trinchera desde la cual los ciudadanos pueden y deben plantarse ante los abusos, exigiendo respeto al debido proceso y que el combate a la corrupción no sea instrumentalizado propagandísticamente, es la de una ciudadanía activa, pujante y valiente, que se traduzca en acción de la sociedad civil.

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