Representantes del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES), solicitaron a Apolonio Tobar, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que haga una visita a centros penales a verificar las condiciones de los exfuncionarios de gobiernos del FMLN que están presos desde el año pasado y que son adultos de la tercera edad y tienen enfermedades crónicas.

Ivania Cruz, una de las representantes de COFAPPES informó que necesitan saber de las condiciones de sus familiares y por eso han acudido a la PDDH. "Hasta la fecha, nuestros familiares, en algunos casos después de un año y otros después de nueve meses, siguen deteriorándose de su salud, asimismo en este régimen de excepción en los centros penales el hacinamiento se ha agravado", aseguró.

Ante la institución también denunciaron que la cantidad de presos políticos está aumentando y la calculó en cerca de 60 personas. Sostuvo que el caso más reciente es el de Giovanni Aguirre, sindicalista de la Alcaldía de San Salvador y que fue capturado el pasado 8 de mayo por el régimen de excepción. Él se encuentra detenido en el Penal de Izalco.

COFAPPES pide a la Procuraduría que no sea un ente "pasivo, silencioso" ante la situación de los detenidos durante el régimen y que en vez de actuar de oficio, se ven en la obligación de interponer denuncias.