Organizaciones civiles piden al enviado especial de Estados Unidos apoyo para solucionar la crisis política en El Salvador

Doce organizaciones presentaron una carta conjunta, planteando a Ricardo Zúñiga una propuesta de agenda para solventar la crisis creada por la concentración de poder en manos de Nayib Bukele.

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Doce organizaciones de la sociedad civil plantearon una propuesta para que el país salga de la crisis política generada por el bloque afin a Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa.

Doce organizaciones de la sociedad civil plantearon una propuesta para que el país salga de la crisis política generada por el bloque afin a Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa.

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Doce organizaciones de la sociedad civil presentaron una carta al enviado especial de Estados Unidos para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, en las cuales piden la cooperación del país norteamericano y una serie de puntos para solventar la crisis política que vive El Salvador desde el pasado primero de mayo.

Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Acción Ciudadana, Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (FUDECSO), Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), Futuro Abierto, Cristosal, Tracoda, Fundación DTJ, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) son las firmantes de la misiva, en la que, aseguran, plantear una propuesta para “restaurar el orden constitucional roto por las decisiones del presidente Bukele y su bancada legislativa”.

Las organizaciones plantean que lo actuado por la Asamblea oficialista agravará las causas de la migración en El Salvador, e imposibilitará la creación de mejores condiciones de vida para los salvadoreños.

Así, en concreto, las organizaciones plantean cinco acciones a realizar para pode restaurar el orden constitucional en el país. Estas incluyen: solicitar la activación del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, a iniciativa de Estados Unidos, para activar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. 

Asimismo, las organizaciones consideran que la Asamblea oficialista debería rechazar las renuncias de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General, ya que estas fueron emitidas mediante coacción por parte del órgano ejecutivo. Sumado a esto, se pide reconocer la validez de la sentencia de la Sala que declaró inconstitucional el decreto emitido en que se ordenaba su destitución.

Además, las organizaciones piden que una Fiscalía legítimamente electa deduzca responsabilidades entre quienes gestaron, acompañaron y ejecutaron el golpe de Estado al órgano judicial.

De acuerdo a las organizaciones firmantes, todo lo anterior devolvería la estabilidad política al país, pero debería verse acompañado de medidas para evitar que, luego, el gobierno vuelva a intentar desmantelar instituciones para apropiarse de ellas mediante artificios jurídicos o políticos, incluyendo la aprobación de reformas constitucionales.

Finalmente, las organizaciones reiteraron que los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el Fiscal nombrados por la Asamblea oficialista son inconstitucionales, por lo que su permanencia en el cargo rompe el orden y el principio de separación de poderes.

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