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Discusión por reformas a ley de adopciones

Nuevas Ideas ha presentado propuesta de reforma a 50 artículos de la referida ley; organizaciones han señalado diferentes vacíos que estas podrían provocar.

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Primero, Nuevas Ideas (NI) presentó una iniciativa para reformar 50 artículos de la Ley Especial de Adopciones (LEA); luego, invitaron a organizaciones para conocer su opinión; después, estas apuntaron la necesidad de reformar aspectos de la LEA pero vacíos de la iniciativa cian; y finalmente, NI optó por defender su propuesta y cuestionar las observaciones que les hicieron las organizaciones a las que ellos mismos habían invitado.

Así ha transcurrido hasta el momento la iniciativa presentada por el partido cian para reformar la normativa que regula el mecanismo de adopciones en el país, el cual se encuentra vigente desde 2016, y que sustituyó al proceso contemplado anteriormente en el código de familia.

Si bien la iniciativa del partido oficialista pretende cambiar 50 artículos de la ley, las organizaciones sociales que fueron invitadas, y también legisladores de oposición que forman parte de la comisión de la familia, resumen en cuatro los puntos principales o cuestionables que puede tener dicha reforma.

El primero de estos tiene que ver con quién será el encargado de definir el carácter de adoptabilidad para el o la menor de edad o adolescente que pretende ser dado en adopción.

Así, la adoptabilidad es la categoría que recibe el o la menor de edad o adolescente luego de que se han agotado instancias para definir que este no puede ser acogido por un miembro de su familia de origen o en algún otro grado de consanguinidad, ya que la adopción es considerada la última opción para estos casos.

Actualmente, la declaración de adoptabilidad es otorgada por los jueces especializados en niñez y adolescencia. Para que estos la emitan, empero, primero debe realizarse un proceso administrativo en la Procuraduría General de la República (PGR).

Es ahí donde se da el primer entrampamiento, ya que Nuevas Ideas pide que esa declaratoria sea emitida por la misma PGR, mientras que legisladores de oposición consideran que los jueces especializados son los ideales para ello y, por tanto, deben mantener dicha responsabilidad.

"Hay un conflicto de no entender si primero es la parte administrativa o la parte de declaratoria judicial. La parte rectora la llevan los jueces. La PGR solo lleva el trámite administrativo, de poder tener todas las condiciones para que el juez pueda tomar una decisión", señaló Francisco Lira, diputado por ARENA.

De hecho, Lira también presentó una iniciativa para reformar la LEA, pero solo pide reformar ocho artículos y deja intacto el quién tiene la responsabilidad en el tema. Sin embargo, la presidenta de la comisión de la familia, Suecy Callejas (NI), aunque recibió dicha iniciativa, aseguró que reformar la LEA no debe verse como una competencia y que, en todo caso, ya está en estudio la propuesta presentada por su partido.

En el foro llevado a cabo hace una semana (el 20 de octubre) para conocer la opinión de organizaciones, jueces y la misma PGR, esta última mostró su disponibilidad para asumir dicha carga.

Mientras, los representantes de los jueces especializados que participaron del foro mostraron disponibilidad en que se efectúe la reforma, pero dejaron claro que deben establecerse dos cosas: candado de plazos y diseñar un proceso de adoptabilidad para que sirva como guía del proceso en la PGR.

Como aporte de la sociedad, la consultora de UNICEF, María Teresa Delgado, llamó a analizar y a reflexionar sobre las competencias de los entes. "El Convenio de la Haya —de los que sirvió como base para la redacción de la ley— , no establece la autoridad que va a dar la adoptabilidad. Sin embargo, hay una jurisdicción especializa en El Salvador, que se generó a partir de la LEPINA; y en ese sentido hay un juez natural", indicó. Se refiere a los jueces.

Otros detalles

Luego, otras observaciones hechas a las reformas propuestas por Nuevas Ideas también están relacionadas a la reducción del espacio para los representantes de la sociedad civil en la Oficina Para Adopciones (OPA)

La OPA es una oficina especializada de la PGR con autonomía técnica y que recibe, tramita y resuelve administrativamente las solicitudes de adopción.

Esta oficina es dirigida por una junta directiva conformada por cinco miembros: el o la titular de la PGR, el o la titular del CONNA, un o una representante del ministerio de Relaciones Exteriores y dos representantes de la sociedad civil.

Estos dos últimos son elegidos mediante la formulación de dos ternas en las que participan las organizaciones de atención a niñez y adolescencia registradas en el CONNA. Estas dos ternas son enviadas una a la CSJ y otra a la FGR, que son quienes eligen a uno de cada una.

Pese a todo lo anterior, NI ha propuesto reformar esto y que la sociedad civil solo tenga un representante, lo cual fue objetado por EDUCO y las Aldeas SOS, ya que consideraron que representa una reducción en la participación de la sociedad civil en un ente relevante como la OPA.

Además, en el foro se citó la contradicción de entregar una nueva responsabilidad a la PGR al mismo tiempo que el GOES ha pedido que el presupuesto de esta sea recortado para el próximo año.

Este último punto, precisamente, fue objetado por la diputada Claudia Ortiz (Vamos) y por la misma Delgado.

"Sería importante que la comisión pueda reflexionar sobre la multiplicidad de funciones que tiene la PGR y que no es acorde a los recursos económicos y al personal que históricamente ha tenido", señaló Delgado, que destacó el trabajo de la procuraduría pero llamó a reconocer la falta de recursos para encarar la tarea.

"De aprobarse esta reforma, implicaría una tarea más para la PGR. Y no tenemos claridad de a qué dependencia se le asignaría la facultad de declarar la adoptabilidad. Eso implica necesariamente la necesidad de otro equipo, otras personas, crear una dependencia alternativa, pero vemos con preocupación como en el presupuesto 2022 la PGR tiene una reducción en su presupuesto", indicó Ortiz.

Empero, pese a dichos llamados, la presidenta de la comisión de familia —Suecy Callejas— optó por defender su propuesta.

"Hay un tema generalizado dentro del gobierno y es la enorme y terrible falta de fe en que las instituciones pueden ejercer las competencias", apuntó Callejas, que defendió su punto atacando al ISNA y al CONNA, a los que acusó de tener "graves problemas en definición de competencias".

La iniciativa presentada por NI contempla que, independientemente cuando se apruebe en el pleno, las reformas entren en vigor el 1 de enero de 2022.

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Tags:

  • Ley de adopciones
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