
Funcionarios consultados aseguran que aún hay 120 juzgados sin jueces propietarios. El proceso actual roza la ilegalidad.
Cambios. Fachada del Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, que tuvo cambio de juez.
El traslado del juez Especializado de Instrucción de Santa Ana, Tomás Alberto López Salinas, hacia el Juzgado de Instrucción de San Juan Opico es uno de muchos cambios recientes que ha realizado la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la intención de "ordenar" la situación generada por la renuncia y cese de más de 100 jueces en septiembre de 2021.
Y justamente son aproximadamente 120 los juzgados que hasta la fecha aún no tienen un funcionario propietario y sus sedes son cubiertas por jueces interinos, según fuentes consultadas por LA PRENSA GRÁFICA.
La nueva jueza Especializada de Instrucción de Santa Ana será Blanca Rosa de Martínez, una ex fiscal de la República. Fuentes del referido juzgado manifestaron que López Salinas recibió la notificación de su traslado el 18 de enero. Explicaron además que parte de la notificación decía que se encargaría de dicha sede judicial hasta la medianoche de ese día.
Rosa de Martínez llega de ejercer como jueza en funciones de Instrucción de San Juan Opico, lugar donde fue enviado López Salinas.
"Solo le dieron algunas horas para que pudiera solventar algunos trámites pendientes del juzgado y desalojar la oficina que tenía asignada", explicó una de las fuentes consultadas.
Un juez consultado por LA PRENSA GRÁFICA, quien pidió no ser identificado por temor a represalias, aseguró que los últimos traslados en las sedes judiciales obedecen a qué al interior de la CSJ se dieron cuenta que no fue adecuado colocar jueces de forma precipitada, como se hizo en septiembre de 2021.
Señaló además que varios jueces expresaron en una reunión de la mesa judicial que los cambios debían ser por orden jerárquico o ascendente. Entonces, los nuevos funcionarios que sean juramentados irán a los juzgados de Paz, los que están en los de Paz irán a Instrucción y los de Instrucción a Sentencia.
Otro de los movimientos realizados fue el del juez ambiental de San Salvador, Rafael Eduardo Contreras, que fue removido hace dos semanas. En su lugar colocaron a Oneida Cáceres, que según fuentes judiciales era abogada de la Policía Nacional Civil (PNC). Coincide con que muchos juzgados están siendo cubiertos en su mayoría por ex fiscales o abogados de la institución policial.
Por otra parte, las fuentes aseguran que muchos jueces y magistrados de Cámaras reciben constantemente presiones desde los magistrados de la CSJ para que eviten manifestarse con respecto a los cambios.
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