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Corte Suprema retiene la extradición de cabecilla MS-13

Los magistrados afines a Bukele no han vuelto a conocer el caso de "Blue", un pandillero que Estados Unidos reclama por actos de terrorismo. Hace un mes y medio que frenaron la extradición con el argumento de más análisis constitucional.

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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene retenida desde hace un mes y medio la extradición a Estados Unidos de Armando Eliú Melgar Díaz, alias "Blue", un cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) reclamado por dirigir actos de terrorismo en Virginia y Nueva York.

El 10 de junio de 2021, la Corte Suprema acordó que "Blue" enfrente a un juez estadounidense para responder por los cargos en su contra; sin embargo, durante esa misma sesión, los magistrados impuestos por el oficialismo, tras la destitución de la Sala de lo Constitucional, pidieron revocar esa decisión.

El pleno de la Corte, ahora con mayoría afín al presidente Bukele, ha sesionado en 10 ocasiones desde que acordó extraditar al cabecilla de la MS-13; pero no ha colocado el caso en agenda.

El proceso para extraditar a "Blue" inició en septiembre de 2020, cuando agentes de la Interpol lo detuvieron a la salida del centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca (departamento de La Paz), después de ser absuelto del delito de agrupaciones ilícitas por el Juzgado Especializado de Sentencia de Santa Ana. Allí, los policías le notificaron que una corte estadounidense había girado una orden para ubicarlo con miras a la extradición.

Tras el arresto, la embajada de los Estados Unidos en El Salvador presentó a la cancillería salvadoreña el oficio ACS 06/2020 con la solicitud de extradición de "Blue". Unos días después, la Corte Suprema –para ese entonces conformada por los magistrados nombrados constitucionalmente– dispuso que esa petición siguiera su trámite por considerar que "cumplía con los requisitos formales contenidos en el tratado marco de extradición bilateral" y con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

El proceso siguió el curso burocrático pasando por escritorios del Ministerio de Justicia y Seguridad, Fiscalía y juzgados; hasta regresar, un año después, a la Unidad de Asesoría Técnica Internacional de la CSJ, donde fue catalogado como el suplicatorio 126-S-2020.

La petición de extradición está sustentada en la acusación contra "Blue" que presentó el Departamento de Justicia de EUA en una corte del Distrito Este de Virginia el 5 de mayo de 2020 por cargos que incluyen conspiración para suministrar apoyo material a terroristas, cometer actos de terrorismo transfronterizos, financiar acciones terroristas y llevar a cabo operaciones de narcoterrorismo.

La investigación federal del equipo antipandillas del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) consigna que "Blue" se unió a la célula Gánster Locos Salvatruchos de la MS-13, en Virginia, en 2004. Sin embargo, fue deportado en noviembre de 2016.

A su regreso a El Salvador, de acuerdo con la acusación estadounidense, ayudó a consolidar el vínculo entre la "Ranfla Nacional" de la Mara Salvatrucha y las células de esa pandilla afincadas en Virginia, hasta convertirse en 2017 como el cabecilla de la Costa Este de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia asegura que esa posición le permitió a "Blue" controlar las operaciones de la MS-13 en los estados de Virginia y Nueva York.

Análisis constitucional

Aunque los magistrados afines a Bukele perdieron, la petición de revocatoria provocó que la extradición de "Blue" quedara en suspenso: el documento oficial con el acuerdo de Corte Plena no fue firmado el 10 de junio de 2021 porque los magistrados impuestos argumentaron que deben analizar si el tratado bilateral con Estados Unidos viola la Constitución.

El magistrado impuesto José Ángel Pérez Chacón, un exasesor de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de Bukele, justificó el día en que tomaron el acuerdo que la extradición de "Blue" debía revocarse porque solo contaba con un análisis penal; pero sin discusión sobre la aplicación directa en la Constitución.

En febrero pasado, el vicepresidente de la república Félix Ulloa adelantó, como coordinador del equipo ad hoc, que la Constitución necesita reformar sobre el tema de la extradición, con el objetivo de hacer valer los principios constitucionales de los extraditados.

"El tema de extradición se está volviendo más complejo por la forma en la que se están planteando varios casos. La posición fue que vamos a hacer valer nuestros principios constitucionales. Por ejemplo, en El Salvador no se reconoce la pena de muerte, si un salvadoreño va a ser extraditado a un país donde le pueden aplicar la pena de muerte, pues esta no procede", dijo Ulloa en esa ocasión.

RAZONES OCULTAS

Desde octubre de 2012, el Departamento del Tesoro designó a la Mara Salvatrucha como una organización criminal transnacional (TCO, en inglés), lo que sirvió de base para que el Departamento de Justicia apostara por la extradición de cabecillas de pandilleros a EUA bajo cargos de terrorismo.

Jeannette Aguilar, experta en seguridad pública, considera "llamativo" que "esta Corte Suprema afín al oficialismo" se oponga a la extradición de un cabecilla de la Mara Salvatrucha, cuando "en el pasado la Corte Plena ya autorizó la extradición de jefes de la MS-13".

Un informe del Departamento de Justicia de Estados Unidos confirma la opinión de Aguilar: el documento que recoge los "esfuerzos" de las autoridades contra la operación de la MS-13 en suelo estadounidense consigna que la CSJ ha avalado la extradición de 13 pandilleros salvadoreños a Estados Unidos para que sean juzgados en ese país durante los últimos cinco años.

Y no son los únicos. El primer caso ocurrió en 2010, cuando el salvadoreño Marvin González, acusado de haber abusado sexualmente de una de sus hijas en Texas, fue entregado a las autoridades estadounidenses.

Esa extradición fue la primera en casi 100 años de firmado el tratado bilateral de extradición entre Estados Unidos y El Salvador. Y fue posible gracias al aval de la Corte Suprema, luego de una reforma, en el año 2000, al artículo 28 de la Constitución de la República, que hoy en día establece que "la extradición será regulada de acuerdo con los tratados internacionales y que cuando se trate de salvadoreños solo procederá si el tratado expresamente lo establece y haya sido aprobado por el Órgano Legislativo de los países suscriptores".

Sin embargo, Pérez Chacón también dijo cuando pidió revocar la extradición del cabecilla que la Corte Suprema tiene que "considerar la situación real de nuestro país en torno de los condicionamientos que pueden desencadenar, y la proporcionalidad que puede significar para nosotros, como nación, la imposición de penas en EUA que sean más gravosas de las que acá se puedan imponer".

Además, pidió al resto de magistrados no olvidar "lo que significa la trascendencia a nivel interno de una decisión como esta. Las implicaciones a nivel local no están contempladas, por eso he solicitado la revocatoria".

"Blue" no es el único. EUA también acusó por terrorismo a otros 14 cabecillas de la MS-13, considerados los jefes históricos de la pandilla. La Corte Suprema ya tiene en trámite tres de esas otras peticiones de extradición.

Aguilar, además, señala que puede haber una razón oculta en impedir que cabecillas de la MS-13 sean enviados a Estados Unidos a enfrentar la justicia: "Hay sospechas fundadas de un acuerdo estratégico de las tres principales pandillas y el actual gobierno. Se podría dar lugar a sospechas de que básicamente el gobierno está protegiendo a los cabecillas de la MS-13 reclamados por EUA".

La experta agrega que se trata de un tema que "abona al difícil momento en que están las relaciones entre El Salvador y Estados Unidos".

"Avalar la extradición es una prueba de fuego del gobierno contra la narrativa de un país seguro y que están con estrategias exitosas", insiste Aguilar. Considera que atrasar el proceso y evitar que el cabecilla sea llevado a Estados Unidos también refleja "el nivel de sometimiento de la Corte Suprema de Justicia ante el Ejecutivo".

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