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Colectivos de jóvenes ven “fines mercantilistas” en ley de aguas propuesta por el Gobierno

Organizaciones juveniles instaron a los tomadores de decisión a garantizar el acceso al agua para las presentes y futuras generaciones.

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Las organizaciones de jóvenes pidieron a los diputados que se tomen en cuenta los insumos de la sociedad civil. /Angélica Ramírez

Las organizaciones de jóvenes pidieron a los diputados que se tomen en cuenta los insumos de la sociedad civil. /Angélica Ramírez

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Colectivos de jóvenes expresaron este miércoles su preocupación por la ley de recursos hídricos propuesta por el Gobierno y que el oficialismo en la Asamblea Legislativa ha tomado como base para la discusión de una futura normativa que regule el uso del agua. 

Las juventudes organizadas ven una “dirección privatizadora” en el anteproyecto gubernamental, puesto que, de avalarse como lo propone el Ejecutivo, permitiría que un concesionario pueda extraer más de 470 millones de litros de agua anuales durante 15 años, con posibilidad de renovar la autorización por otros 15 años. 

Los colectivos de jóvenes también reclamaron que la propuesta estatal deja fuera el enfoque de género, pone en riesgo las cuencas hidrográficas y con ello el acceso al agua para la población. También instaron a asegurar el derecho humano al agua, así como la sostenibilidad de los ecosistemas y que se garantice el bien hídrico para las presentes y futuras generaciones. 

En ese sentido, afirmaron que el proyecto utiliza el recurso hídrico con fines mercantilistas. “La comisión para el estudio de la ley de recursos hídricos tiene 60 días para analizar el anteproyecto, por indicaciones obligatorias del presidente Nayib Bukele, aspecto altamente preocupante porque podría significar una falta de rigurosidad”, dice el comunicado difundido hoy por las organizaciones juveniles.

El 18 de junio, después de que el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentó el anteproyecto a la Asamblea, Bukele dijo en Twitter que había solicitado a los diputados discutir y aprobar la ley en un plazo de 90 días. 

La comisión ad hoc que estudia la ley - dominada por el oficialismo - acordó en su primera sesión sacar de la discusión la propuesta ciudadana y utilizar solo la del Gobierno como base para construir la futura normativa. 

Aunque la Constitución de la República establece que los órganos del Estado deben ejercer sus atribuciones de forma independiente, el argumento de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, es que tenían “el mandato” de aprobar la ley en 90 días, en alusión al plazo exigido por el mandatario, y que esta ventana de tiempo era insuficiente para discutir los dos anteproyectos.

Katherine Garcia, de la organización Creciendo Juntos, integrante de la Alianza contra la Privatización del Agua, afirmó que, hasta el momento, el trabajo de la comisión ad hoc “dejó bastante que desear''. 

“Esperamos que este proceso no sea sólo de consulta, como lo mencionan, solo un tema de que quede evidenciado que generaron una consulta de manera superficial”, agregó.

García señaló que ya pasaron 30 de los 90 días impuestos por Bukele para la aprobación de la ley y que el tiempo para la revisión y corrección del articulado del marco jurídico es escaso.

Asimismo, dijo que para la siguiente sesión la comisión ha invitado al sector empresarial para dar sus aportes y consideró que se le ha dado prioridad a la empresa privada para participar en la discusión, sobre los movimientos sociales. 

La comisión ad hoc ha asegurado que abrirá el espacio para todas las entidades que deseen emitir su opinión sobre la ley de aguas. En la segunda sesión, celebrada la semana pasada, recibieron a una decena de universidades.

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