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Cámara ordena repetir juicio para implicados en caso Carla Ayala

La resolución también dicta que el exjefe del extinto GRP, Julio César Flores Castro, debe ir a juicio. Las magistradas dictaron libertad para otros dos expolicías que habían sido condenados.

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Hace cuatro años. El asesinato de Carla Ayala sucedió el 28 de diciembre de 2017.

Hace cuatro años. El asesinato de Carla Ayala sucedió el 28 de diciembre de 2017.

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La Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) ordenó nuevo juicio para cuatro policías que ya habían sido condenados en el caso del feminicidio de la exagente policial Carla Ayala. Además, ordenó juicio para el exjefe del GRP, Julio César Flores Castro, quien había sido absuelto.

La resolución fue dictada el pasado 16 de julio y responde a diferentes apelaciones que interpusieron la representación fiscal, la querella y abogados defensores por la sentencia que dictó el 28 de octubre de 2020 el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres (LEIV) de San Salvador.

Los siete procesados estuvieron vinculados, según la Fiscalía, al asesinato de la agente Ayala. Hasta la fecha la policía continúa sin dar con el paradero de Juan Josué Castillo, alias "Samurái", supuesto autor material del hecho.

La Cámara Especializada ordenó nuevo juicio para Ovidio Antonio Pacheco Morales, Wilfredo Deras Hernández y Alex Obdulio López Martínez, los tres condenados previamente a siete años de prisión. También ordenó repetir vista pública para Pablo Antonio Estrada Villalobos, condenado a ocho años.

En el caso de los imputados Pacheco Morales y Deras Hernández, la Cámara anuló la decisión dictada por la jueza debido a que, según el análisis de las magistradas, no se tomó en cuenta el delito de comisión por omisión de feminicidio agravado en perjuicio de Carla Ayala Palacios y únicamente fueron condenados por incumplimiento de deberes.

Detallan que la jueza al momento de dar el fallo omitió las razones por las cuales estimó el comportamiento de los procesados en el cual supuestamente "no se adecuaba a la calificación jurídica acusada", que era feminicidio agravado por comisión por omisión.

Pacheco Morales y Deras Hernández continuarán bajo arresto domiciliar mientras se instale la nueva vista pública en su contra.

Por su parte, el exsubdirector del GRP en ese momento, Pablo Estrada Villalobos, había sido condenado a ocho años de prisión por incumplimiento de deberes, pero tanto sus defensores y él interpusieron apelaciones para intentar revertir el fallo decretado hace nueve meses.

"El apelante (Estrada) asegura que no debió condenársele por no haber disparado a Juan Josué Castillo Arévalo hacia una parte no vital ya que la Ley Orgánica de la PNC prescribe los supuestos para hacer uso de arma de fuego y en ninguno ocurrió en el caso que se conoce", detalla la resolución, en referencia a que él no cometió un error al dejar ir a "Samurái".

Ulises Villatoro, abogado defensor de Pablo Estrada, detalló que ellos atacaron "la falta de fundamentación en la sentencia condenatoria".

La resolución de la Cámara detalla que la jueza concluyó que los comportamientos atribuidos a Estrada se ajustaban al delito de incumplimiento de deberes, "pero no existe una fundamentación jurídica que exponga las valoraciones respecto a los hechos, conforme a las normas aplicables al caso concreto".

"Según la jueza hubo actos de comportamientos omisivos y que no produjeron la captura del principal responsable, pero omitió explicar por qué tales conductas constituyen una omisión o un retardo de un acto propio de la función pública desempeñada", añaden las magistradas.

FUERA DEL PENAL

Ulises Villatoro aseguró que su cliente recuperó su libertad al igual, que los otros imputados a los que les ordenaron la re petición del juicio. "La Cámara primero anula la sentencia y la consecuencia de declarar nula la resolución es la reposición e instalación de una nueva vista pública. Nuestro cliente ha regresado al estado en el que estaba y se encuentra ya fuera del centro penal", dijo.

La Cámara también anuló la condena decretada contra el agente Alex Obdulio López Martínez por "falta de fundamentación jurídica" y ordenó la repetición de la vista pública.

El documento también menciona que el jefe del Grupo de Reacción Policial (ahora extinto), Julio César Flores Castro, quien había sido absuelto por el Juzgado LEIV de San Salvador, también debe ser llevado a juicio.

La Cámara resolvió esto de acuerdo a la apelación de la parte querellante, que argumentó que Flores Castro, siendo jefe del GRP, no supervisó ni controló las actividades del personal operativo y que por lo tanto es responsable.

Además, el tribunal revocó la condena de cuatro años que tenían por el delito de incumplimiento de deberes a Juan Antonio Linares Flores y Josué Antonio Pérez Pineda, y ordenó la libertad sin restricciones para ambos.

Según la sentencia, la condena en primera instancia para Linares Flores por el delito de incumplimiento de deberes se basó en la omisión de un deber que legalmente no le correspondía cumplir. El procesado era comandante de guardia y su función solo era "poner entrada y salida a todos los vehículos, identificar a las personas que ingresan", dicta el documento. No era su función intervenir en la privación de libertad de Juan José Castillo Arévalo (Samurái) principal sospechoso de haber asesinado a Carla Ayala, quien se encuentra prófugo desde los hechos en diciembre de 2017.

En el caso de Pérez Pineda, quien era auxiliar del comandante de guardia (Linares), la Cámara consideró que de acuerdo a su cargo no se aprecia el delito de incumplimiento de deberes porque no es una omisión de su cargo, pues solo fungía como apoyo.

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