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Bukele tilda de “injerencia” listado Engel; analistas auguran más sanciones

La reconfiguración del poder Judicial en El Salvador ha provocado más sanciones de Estados Unidos: cinco magistrados son señalados de corruptos y antidemocráticos. Bukele dice que listado no busca perseguir la corrupción.

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Foto: archivo LPG

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SAN SALVADOR — Las tensas relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y El Salvador parecen agudizarse cada vez más, después de que Washington enlistó en dos ocasiones a funcionarios y exfuncionarios salvadoreños en la Lista Engel, la cual señala de corruptos y antidemocráticos a personas con cargos públicos cuestionados en gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica.

La diplomacia dentro y fuera de la Casa Blanca lleva meses encarando a las decisiones políticas del Congreso salvadoreño, la Corte Suprema y el gobierno central liderado por Nayib Bukele, un político de 39 años que tras su ascenso al poder logró cambiar el mapa político del país centroamericano desbancando a las fuerzas históricas ARENA y FMLN.

Con el control del Ejecutivo y con la mayoría del Congreso a su favor, Bukele ha respaldado algunas de las decisiones más cuestionadas a nivel internacional en los últimos meses: como las destituciones de los magistrados de la Corte Suprema y del fiscal general en mayo de este año.

Y ha sido ese nuevo poder judicial, nombrado por los parlamentarios de Nuevas Ideas, movimiento político afín al gobierno, el que aprobó a inicios de septiembre la reelección del presidente de El Salvador, pese a que la Carta Magna lo prohíbe en el artículo 152. Asimismo, ha negado la extradición de un cabecilla de la Mara Salvatrucha (MS-13) reclamado por un tribunal estadounidense.

En consecuencia, Estados Unidos sancionó el 20 de septiembre a los cinco magistrados del Supremo salvadoreño nombrados por el Congreso en sustitución de los destituidos. Además, los incluyó en el listado Engel donde inmediatamente les queda revocada su visa estadounidense.

Los cinco magistrados son Elsy Dueñas, Oscar Alberto López, Héctor Nahúm Martínez, José Ángel Pérez y Luis Javier Suárez.

La justificación del Departamento de Estado para incluirlos en el listado es que estos magistrados “socavaron el proceso democrático y las instituciones al aceptar ser nombrados por la Asamblea Legislativa en un proceso que parece haber contravenido la Constitución de El Salvador”.

Una postura con la que coincide la abogada Marcela Galeas, quien en una entrevista con la Voz de América explicó que “no se cumplieron con los estándares interamericanos para la remoción de operadores de justicia, siendo estos la debida fundamentación, derecho a la defensa, la garantía de audiencia y el debido proceso”.

Y es que al filo de la medianoche del 1 de mayo, cuando el Congreso inició el periodo 2021 – 2024 y destituyó a los antiguos magistrados, los ahora señalados por Estados Unidos llegaron acompañados por policías al edificio de la Corte Suprema y tomaron posesión de sus cargos sin permitir que los exmagistrados retiraran sus pertenencias.

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